La
Corte Interamericana de Derechos Humanos objetó al país por aplicar sentencias
de cadena perpetua a menores de edad; instó a adecuar las leyes a los
estándares vigentes
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
condenó a la Argentina por haber sentenciado a menores a penas de prisión
perpetua. En consecuencia, instó al país a sancionar un régimen de justicia
penal juvenil ajustado a los estándares mundiales y en consonancia con los
derechos consagrados por las convenciones internacionales.
El tribunal que está dentro de la
órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA) sentenció a nuestro país
a cumplir con las recomendaciones de anular las penas de prisión perpetua para
menores y a revisar las condenas que pesan sobre personas que cometieron
delitos siendo adolescentes alcanzados por un régimen penal especial.
El tribunal analizó cinco casos
presentados en 2002 y decretó la responsabilidad argentina en la violación de
los derechos humanos de esos jóvenes condenados a penas que deberían estar
reservadas a adultos.
Se consideró que "dichas penas,
por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de reintegración social
de los niños, ya que implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de
tal manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las
expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor", según indicó
en un comunicado la CIDH.
Además se indicó que, "por su
desproporcionalidad, la imposición de dichas penas constituyó un trato cruel e
inhumano para los jóvenes mencionados y además violó el derecho a la integridad
personal de sus familiares".
Los casos analizados por el tribunal
internacional fueron los de César Mendoza, Claudio Núñez, Lucas Mendoza, Saúl
Roldán y Ricardo Videla Fernández, quienes fueron condenados a prisión perpetua
por crímenes cometidos antes de cumplir la mayoría de edad.
Una
muerte
El caso de Videla Fernández fue
especialmente observado por el tribunal, dado que el joven murió en la cárcel,
en circunstancias que se ordenó investigar. La Argentina reconoció su
responsabilidad por las condiciones de detención y la muerte de Videla bajo
custodia estatal.
También se exigió a la Argentina una
investigación sobre las torturas sufridas por Lucas Mendoza y Núñez. Estos dos
jóvenes habían sido condenados a prisión perpetua por siete homicidios
calificados, entre ambos, ocurridos a mediados de los años 90, cuando tenían 17
años.
César Mendoza fue condenado por robos reiterados,
lesiones y dos homicidios, mientras que Roldán fue responsabilizado por robos
agravados y un homicidio. Videla Fernández estaba en prisión por dos homicidios
calificados.
La CIDH también declaró que "la
Argentina incumplió su obligación de adoptar disposiciones, ya que el
ordenamiento legal argentino permite la posibilidad de imponer a niños
sanciones penales previstas para adultos".
La Corte señaló que el recurso de
casación previsto en los códigos procesales penales no garantizaron la revisión
íntegra de las sentencias. De todas maneras, reconoció la importancia de un
fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en forma posterior a los hechos
analizados, permitió la revisión de pruebas en los recursos de casación.
Exigencias
En la sentencia dada a conocer por la
CIDH se impusieron a la Argentina varias medidas de reparación inmediata, entre
las que se destacan:
· Brindar
gratuitamente el tratamiento médico y psicológico.
· Asegurar a
las víctimas las opciones educativas o de capacitación formales que ellos
deseen, incluyendo educación universitaria.
· Ajustar el
marco legal a los estándares internacionales en materia de justicia penal
juvenil y diseñar e implementar políticas públicas para la prevención de la
delincuencia juvenil.
· Asegurar
que no se vuelva a imponer la prisión o reclusión perpetua a quienes hayan
cometido delitos siendo menores de edad, además de garantizar que las personas
que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por delitos cometidos
siendo menores de edad puedan obtener una revisión de éstas.
· Adecuar su
ordenamiento jurídico interno a fin de garantizar el derecho de recurrir el
fallo ante un juez o tribunal superior.
· Implementar
programas o cursos obligatorios sobre los principios y normas de protección de
los derechos humanos y de la niñez.
· Investigar
con la debida diligencia la muerte de Ricardo Videla Fernández y las torturas
sufridas por Lucas Mendoza y Claudio Núñez.
La Argentina está obligada a informar
al tribunal sobre los pasos dados para respetar esas órdenes.
Tras este fallo de la CIDH, la justicia
argentina deberá revisar las sentencias aplicadas a los jóvenes cuyos casos
fueron observados para adecuar las penas a condenas que permitan su ulterior
reinserción en la sociedad.
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