Sujetos del Derecho Internacional

Un concepto controvertido

La definición de sujeto de d.i. ha ocasionado serias dificultades en el ámbito doctrinario. Se enfrentan, al respecto, tres posiciones: según la doctrina clásica, el d.i. reconoce sólo a los Estados como sujetos; una segunda extiende la personalidad internacional también a los individuos, y la tercera considera como sujetos del d.i. sólo a los individuos. Esta última posición la sostenía George Scelle, discípulo de Duguit, quien negaba en general la personería moral porque ella sería una simple ficción. Sólo, el individuo tiene voluntad y no la colectividad. Tal tesis fue aplicada por Scelle también al d.i. Si los Estados no son sujetos de d.i.los gobiernos no serían sus órganos, sino serán sólo agentes de d-i.

La doctrina clásica admitía únicamente la personería internacional de los Estados a cuyo lado se admite desde 1871 la Iglesia Católica. Luego se extendió también a las organizaciones internacionales, y en el siglo XX numerosos autores reclamaban personería jurídica también para el individuo.

B. Tipificación de los sujetos

Para poner en claro todas estas controversias en torno al sujeto del d.i., hay que tener presente que el mencionado concepto es sumamente complejo. La cuestión de la subjetividad no puede contestarse con un simple "si" o "no", sino que es preciso abordarla analíticamente, distinguiendo las diversas modalidades de sujetos.

 Sujetos del d.i. y del derecho privado. Es necesario tener presente esta doble personalidad de los Estados que, además de sujetos del d.i., son también sujetos del derecho privado interno, de derechos y obligaciones civiles. Lo mismo puede decirse acerca da las organizaciones internacionales. Algunos sujetos del derecho privado pueden ser creados por un tratado internacional como por ejemplo el Instituto Internacional de Agricultura.

Es distinto el caso de la Cruz Roja Internacional, primitivamente fundada como una institución privada, y luego reconocida como sujeto limitado de derecho internacional.

Sujetos activos y pasivos. Los sujetos pasivos son los destinatarios de las normas del d.i.; los sujetos activos son los co-creadores de las normas de este derecho, los Estados y en cierta medida la Iglesia Católica.

Sujetos de derechos o deberes únicamente. El individuo es "sujeto de ciertos derechos" a los cuales no corresponden obligaciones a su cargo, especialmente en cuanto a la protección internacional de los derechos humanos, y por otro lado, "de ciertas obligaciones" a las que no les corresponden derechos, como la de la prohibición de la piratería, dañar los cables submarinos, la violación del bloqueo marítimo, y la no comisión de los delitos internacionales en general.

Originarios, admitidos posteriormente y creados. El d.i. es de origen europeo y cristiano y por lo tanto primitivamente limitaba la subjetividad a los Estados cristianos. Negó el derecho a la existencia de los Estados precolombianos y redujo a los Estados africanos y asiáticos, salvo Japón, a una condición inferior. Les reconoció indudable subjetividad sólo mas tarde, comenzando por Turquía en 1856, y luego a los Estados asiáticos y africanos, al invitarlos a la Conferencia de La Haya de 1890. De los Estados deben distinguirse los sujetos creados artificialmente como las organizaciones internacionales.

Perennes, transitorios y efímeros. El Estado es en principio perenne, pero puede desaparecer víctima de un cataclismo imprevisible. Pero una organización puede extinguirse por uii consenso general, o por la secesión de la mayoría de sus miembros. Por lo tanto es transitoria. Por fin, los rebeldes, reconocidos como beligerantes en una guerra civil no secesionista5 son efímeros: ya resulten vencidos o reemplacen al gobierno constituido y asuman el papel de órgano estatal.

Sujetos del d.i. consuetudinario y del convencional. Guggenheim distingue los sujetos del d.i. consuetudinario, que son exclusivamente los Estados, y los del derecho convencional que son todos los demás. Entre los componentes del primer grupo debe incluirse la Iglesia Católica, dado que no la creó ningún Estado.

Sujetos de derecho común y particular. En su mayoría, los sujetos del d.i. son sujetos de derecho común; sin embargo, hay también excepciones: los rebeldes reconocidos como beligerantes son tan sólo sujetos de d.i. para los Estados que les otorgan el reconocimiento. Según Verdross también la Orden de Malta es sólo un sujeto de d.i. particular; según interpretamos, su subjetividad internacional se debe al reconocimiento (de alcance constitutivo en este caso) de algunos Estados.

Pluralización de los sujetos del derecho internacional

Según hemos visto, la subjetividad internacional quedó primitivamente limitada a los Estados y a la Santa Sede, y paulatinamente se extendió a otrascomunidades y en cierto grado al individuo.

Sin embargo, algunos autores plantean la hipótesis de una extensión aún más amplia de la subjetividad internacional. Por ejemplo Radbruch, conocido iusfilósofo alemán, reclamaba personalidad internacional para otras iglesias además de la Católica y para asociaciones científicas, y el internacionalista español Rubio García, para partidos políticos y grupos de presión de alcance internacional. Sin embargo es difícilmente concebible la personalidad internacional para las iglesias cristianas que se limitan al territorio de un solo Estado. Existe un solo partido político de categoría auténticamente internacional: el Comunista, sin embargo perdió homogeneidad y a partir de la década del noventa ha retrocedido considerablemente ya que la mayoría de los Estados que eran comunistas han dejado de serlo. También el socialismo alcanzó dimensión internacional y otros partidos como la democracia cristiana son reconocidos en todo Occidente.

Enumeración de los diversos sujetos de Derecho Internacional y sus características ( la misma parte reconociendo que podrían aceptarse otros sujetos aquí no mencionados)

1-El Estado

A. Concepto

Según el concepto clásico el Estado está formado por tres elementos constitutivos: el gobierno, el pueblo y el territorio.8 Numerosos autores los ponen en un mismo nivel, lo que no es correcto. No cabe duda de que el territorio es un factor meramente pasivo. Antes se destacaba como el elemento principal al gobierno, pero esta opinión fue puesta en tela de juicio. Scelle, por ejemplo, negaba en forma terminante al Estado la calidad de sujeto de derecho y por lo tanto, le asigna poca importancia al gobierno que sólo es un órgano. Strissower y Verdross, por su parte, consideran que el Estado no es otra cosa que una forma de organización del pueblo.

La controversia no es meramente teórica, según veremos al estudiar las luchas civiles ante el derecho internacional.

Kelsen, de acuerdo a su visión monista (una sola dimensión, la de la norma), define al Estado como un orden jurídico centralizado, resultando esencial esta característica y no así otras como el ser una unidad sociológica, política, etc. Otros teóricos destacan como fundamental otro aspecto, como la fuerza (Duguit); el poder (Morgenthau); el orden sociológico (Harriou), etcétera.

De los tres elementos clásicos estudiaremos separadamente el territorio y la población, éste último dentro del contexto de la nacionalidad y de la subjetividad por lo tanto, nos limitamos al tercer elemento constitutivo del Estado: la soberanía.

Esta opinión interpreta bastante bien la realidad: cada país tiene una genuina forma de organización, que corresponde a su genio y a sus intereses. El Estado representa un valor nacional tal, que el pueblo está dispuesto a defenderlo, sacrificando sus vidas. De tal modo en el elemento axiológico se basa una característica sumamente esencial del Estado que es su carácter perenne. Esta perennidad o estabilidad de los sujetos proporciona cierta continuidad al orden normativo internacional.

Nuestro orden internacional acuerda una serie de derechos e impone una serie de obligaciones a los Estados, vigorosas organizaciones de los pueblos. El d.i. se ve amenazado si un sujeto se desploma, desintegrado por solidaridades tribales, lo que ocurrió en Congo (ex belga) en 1960; o si en un Estado árabe — situación que se presentó en la mitad del año 1970 en Jordania— el gobierno pierde el control en favor de los guerrilleros y no está en condiciones de imponerles la observación de la tregua. El concepto de una comunidad supranacional panárabe tuvo también otras repercusiones en el d.i.: en virtud de ella, Egipto se arrogó el derecho de ayudar en la lucha emancipadora a Marruecos y Argelia, negando validez al principio de no intervención. En la década del noventa las situaciones de Kenyay Sudán dieron lugar a la intervención de la ONU.

B. Soberanía

Según una opinión bastante difundida en la doctrina, se distinguen la soberanía interna y la externa, pero nos parece más exacto hablar de sus proyecciones en el orden interno e internacional. Mirando este problema desde tal perspectiva cabe considerar el aspecto interno como fundamental. El Estado tiene competencias exteriores como consecuencia del ejercicio de su poder en el orden interno.

En el orden interno la soberanía se ejerce siempre y la cuestión que se plantea es saber quién es su titular y quién debe serlo, mientras que en el orden internacional la cuestión es: el Estado ¿ejerce o no la soberanía?, o bien ¿la ejerce con limitaciones?

Desde la perspectiva del d.i. pueden distinguirse dos conceptos positivos de soberanía: el absoluto y el relativo, y, además, uno negativo la negación de la soberanía.

Según el concepto absoluto de soberanía, el orden jurídico estatal es supremo y por lo tanto no puede someterse a ningún otro que le sea superior. De allí la incompatibilidad de este concepto con el d.i., incompatibilidad que algunos de los partidarios del referido concepto trataron de superar por medio de la teoría de la auto-obligación de los Estados. Al contrario, el concepto relativo de la soberanía concuerda con el d.i. porque implica únicamente la independencia de los ordenamientos jurídicos de otros Estados.

Una corriente muy en boga entre las dos guerras mundiales, fue la que negó la soberanía como un concepto anacrónico, nacionalista, etc. En todos estos casos, estamos en presencia de proposiciones de lege ferenda (con notables acentos ideológicos) más bien que de una constatación de lege lata. Por su parte Verdross considera la soberanía como uno de los supuestos de la existencia del d.i.; sin. ella, éste desaparecería dando lugar a un derecho constitucional mundial. No obstante, desde los años ochenta el Estado y la noción de soberanía viene sufriendo una reforma y reducción considerable a consecuencia del fenómeno de la globalización y de la generalización del modelo económico liberal después de finalizado el sistema bipolar (1991).

Según el concepto tradicional, la soberanía se identificaba con el poder supremo ilimitado y hasta ilimitable (prescindiendo del concepto de autolimitación de Jellineck). Para Kunz la soberanía significaba la sumisión directa del Estado al d.i., sin reconocer intermediarios  y en lugar de Estado soberano, utiliza la expresión Estado en el sentido del d.i.

El Estado es una colectividad organizada sobre un determinado territorio, pero no la única colectividad de esta índole. Además del Estado en el sentido del d.i. existen otras comunidades como las provincias que también son Estados y por otro lado las municipalidades cuya autoridad se ejerce sobre toda la población de un determinado territorio. El problema estriba en cuál es la diferencia entre el Estado en el sentido del d.i. y otras colectividades territoriales.

Según la opinión dominante el criterio distintivo es la soberanía pero este es un concepto bastante controvertido y complejo. Según otros autores como Rousseau este concepto tendría que sustituirse por el de independencia que abarca tres elementos:

1) Exclusividad de la competencia: el monopolio del ejercicio del poder judicial y de la organización de los servicios públicos.

2) La autonomía de la competencia: la decisión discrecional, con libre apreciación de la oportunidad de las decisiones tomadas.

3) La plenitud de la competencia.

Es esto precisamente lo que lo diferencia de otras comunidades territoriales.

2-  Iglesia Católica

Según la opinión de Radbruch, todas las iglesias tendrían que gozar de personería jurídica internacional. Este es un postulado difícil de cumplir pues existen religiones que no tienen ninguna jerarquía centralizada, como por ejemplo el islamismo y, en gran parte, el protestantismo.

El mundo ortodoxo se divide en iglesias nacionales cada una encabezada por su propio jefe, quedando reducidas a lo dogmático las competencias de los 4 patriarcas.

También existen iglesias nacionales luteranas y la anglicana, vinculadas con el poder temporal de los respectivos Estados. La colaboración entre las iglesias evangélicas y ortodoxas se realiza en el seno del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Salvo la Iglesia Católica ninguna otra tiene carácter supranacional ni extensión mundial, supuestos reales de subjetividad internacional.

El problema de la personalidad de las iglesias no se había presentado hasta la segunda mitad del siglo pasado, o sea mientras existían los Estados Pontificios, hasta el año 1871. El Papa también era jefe de este Estado. Por lo tanto cuando mantenía relaciones internacionales, se pasaba por alto el interrogante de si lo hacía como jefe de Estado o de la Iglesia.

Después de la anexión de los Estados Pontificios, Italia promulgó la ley de garantías en 1871 "sobre las prerrogativas del Soberano Pontífice y de la Santa Sede y las relaciones de la Iglesia con el Estado".31 Estipulaba el reconocimiento de la inviolabilidad de la persona del Sumo Pontífice, que no podía ser perseguido ante los tribunales italianos; su protección penal contra los ultrajes (asimilándole en este aspecto, al rey de Italia); la garantía de la libertad de acción del Papa en el orden espiritual; el disfrute de los palacios del Vaticano y de Letrán; honores soberanos; inmunidad de la residencia pontificia; el derecho activo y pasivo de legación; la inmunidad diplomática de los agentes extranjeros acreditados ante la Santa Sede; garantizó el libre ejercicio de las funciones espirituales y de la libertad de correspondencia con el mundo católico, y la concesión al Santo Padre de una pensión anual de 3.225.000 liras. Pero Italia le negaba toda soberanía territorial y el derecho de asilo. El Papa no reconoció nunca la ley de garantías. Adoptó una actitud de protesta, considerándose como prisionero en Roma y como único soberano legítimo de la Ciudad Eterna.

Desde la anexión de los Estados pontificios, en 1870 hasta la creación del Estado del Vaticano, como consecuencia del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado italiano en 1929, el Papa no era jefe de Estado y sin embargo, la Santa Sede gozaba de dos manifestaciones de su personalidad internacional: el derecho de legación, o sea el derecho de enviar y recibir a los representantes diplomáticos, y el derecho de firmar los convenios internacionales llamados concordatos.

Cabe agregar que los nuncios apostólicos son representantes diplomáticos pero además de esto ejercen poder sobre la jerarquía católica del respectivo Estado. El objeto principal de los concordatos es la delimitación del poder espiritual y el temporal en las materias donde existe la necesidad de tal

delimitación, como por ejemplo el derecho matrimonial o la enseñanza.

En 1929 la Santa Sede firmó con Italia los tratados de Letrán, que son tres: 1® un tratado político que "resuelve la cuestión romana"; 2S un concordato que regula la condición de la Iglesia Católica en Italia: según el art. 39 del concordato interviene en el examen católico del matrimonio; su anulación queda reservada a las autoridades eclesiásticas. Viola esta estipulación la implantación del divorcio en Italia en diciembre de 1969; y 3S un convenio financiero que modifica las obligaciones anteriormente asumidas por la ley de garantías.

El tratado político se compone de 27 artículos, estipula el reconocimiento por parte de Italia de la soberanía de la Santa Sede en el orden internacional, "como atributo inherente a su naturaleza y de conformidad con su tradición y con las exigencias de su misión en el mundo". Reconoce la plena propiedad, la autoridad exclusiva y absoluta, y la jurisdicción soberana de la Santa Sede sobre el Vaticano.

Crea el Estado de la Ciudad del Vaticano, sustraído a toda competencia del gobierno italiano, y confirma el derecho de legación, que se ejerce de acuerdo con las normas del derecho internacional.

En virtud de una delegación especial y permanente, Italia debe encargarse en su territorio y a petición de la Santa Sede, de la represión de los delitos cometidos en la Ciudad del Vaticano; la Santa Sede por su parte, renuncia a su tradicional derecho de asilo y se obliga a entregar al Estado italiano a los delincuentes que se hayan refugiado en su territorio. Italia se comprometió a dotar al nuevo Estado de servicios ferroviarios, postales, telegráficos, telefónicos, radiotelegráficos y radiofónicos. La circulación aérea fue objeto de una reglamentación particular, con prohibición de vuelos sobre el territorio del Estado Vaticano. La ciudadanía vaticana fue atribuida a las personas que residen permanentemente en el nuevo Estado. La Santa Sede declara su propósito de permanecer alejada de los conflictos temporales entre los Estados, así como de las conferencias internacionales que se convoquen para resolverlos.

El tratado proclamó la neutralidad e inviolabilidad del territorio de la Ciudad del Vaticano. La Santa Sede reconoció al reino de Italia, con Roma como capital y bajo la dinastía de la casa de Saboya. Italia, por su parte, reconoce al Estado de la Ciudad del Vaticano, bajo la soberanía del

Papa. Por último, la ley de garantías es abrogada por el tratado de Letrán.

Desaparecida la monarquía italiana, el tratado de Letrán ha sido oficialmente confirmado por el artículo T de la constitución de la República italiana de 1947.

Es controvertido el problema de la relación de la Iglesia Católica y la Ciudad

del Vaticano. Según una opinión, bastante difundida, sería una unión personal; según otra la Ciudad del Vaticano sería un Estado vasallo de la Iglesia.

3- El Comité Internacional de la Cruz Roja

En su creación intervinieron las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, y de la Media Luna Roja43 e influyó poderosamente Henry Dunant. Se caracteriza por ser una institución esencialmente neutral e imparcial, cuyo objetivo es la promoción —por medio de la codificación y el desarrollo progresivo— del derecho internacional humanitario, y la aplicación del mismo ejerciendo el control de su cumplimiento.

Otro de sus objetivos es la aplicación de los principios fundamentales de la Cruz Roja. Estos principios fueron reafirmados en la XX Conferencia Internacional de la Institución, en Viena, 1966, y son: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad.

La personalidad jurídica del CICR goza de competencia internacional en el ámbito de la asistencia y de la protección del d.i. humanitario. Además se le atribuyen derechos y obligaciones a ejercer frente a Estados y otros sujetos del d.i. en conflictos armados, siempre dentro de las funciones que le asigna el d.i. humanitario. Para algunos autores, es un agente de implementación de ese derecho.  Para otros, se trata de un nuevo sujeto de el d.i. de carácter no estatal.

Entre los derechos que se le reconocen figuran: a) el derecho de visita, por ej: ver el trato que se le da a prisioneros de guerra; b) el derecho de iniciativa humanitaria, que implica el derecho de ingerencia humanitaria, y tiene su fundamento en el art. 3 de los 4 convenios de Ginebra de 1949. Ese derecho de iniciativa se da en situaciones de disturbios interiores (sin haber conflicto armado hay actos de violencia) y de tensiones internas (situaciones de gran tensión de origen político, religioso, racial, social, económico, etc, y hasta por las secuelas de un conflicto armado, pero dentro de un Estado). Cuando un Estado le permite al CICR actuar dentro de su territorio, celebra con él un acuerdo semejante a un acuerdo de sede que crea inmunidades y privilegios, propios de las representaciones diplomáticas dé los Estados como sujetos del d.i.

El CICR actuó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, e intervino directamente en la convocatoria y en el debate de los acuerdos a los que se llegó en las Conferencias de Ginebra de 1944 y de 1977 sobre regulación de los conflictos armados, particularmente en lo que hace a la protección de las víctimas de tales conflictos. La finalidad del derecho internacional humanitario es la de salvaguardar la integridad de la persona humana en situaciones de violencia, un derecho de supervivencia.

En los convenios de Ginebra de 1949 y en los adicionales de 1977, los Estados Partes se comprometieron a establecer en sus ordenamientos internos normas sancionatorias de las conductas violatorias de los mencionados convenios. Además se obligan a detener y juzgar a esos infractores.46 Lo que significa que existe un sistema universal de represión de los crímenes de guerra basado en el carácter imperativo del d.i. humanitario, ya que sus normas son de aplicación erga omnes.

Estos delitos resultan imprescriptibles a partir de la Convención de 1968.

Ultimamente, el CICR intervino en todos los conflictos armados conocidos. En Yugoeslavia, (Bosnia y Herzegovina), el Consejo de Seguridad reafirmaba la obligación de cumplir con el d.i. humanitario (Resolución 764 de julio de 1992), condenaba la violación del d.i. humanitario (Res. 771 de agosto de 1992), daba plazo orden convencional y consuetudinario. Al año siguiente, frente a las atrocidades cometidas en el conflicto suscitado en Ruanda, se creó otro Tribunal Internacional ad hoc, para entender en los crímenes de genocidio y otras violaciones del d.i. humanitario para recibir información sobre lo requerido (Res. 780 de octubre de 1992), pedía que cesaran las detenciones y violaciones sistemáticas, masivas y organizadas de mujeres, en particular musulmanas (Res. 780 de oct. de 1992). Finalmente, dictó la Resolución 808 del 22-2-1993, por la que crea el Tribunal Internacional para juzgar a las personas sospechadas de incurrir en crímenes de guerra y violaciones del d.i. humanitario en la ex Yugoslavia. Se trata de un Tribunal Penal Internacional, independiente, imparcial, y que es juez de su propia competencia, la que se establece ratione materiae, a cuyo fin se tipifican los crímenes sobre los que puede conocer. Este tribunal ya ha emitido sus primeras sentencias condenatorias. En cuanto a las fuentes aplicables, son de orden convencional y consuetudinario. Al año siguiente, frente a las atrocidades cometidas en el conflicto suscitado en Ruanda, se creó otro Tribunal Internacional ad hoc, para entender en los crímenes de genocidio y otras violaciones del d.i. humanitario.

4- La Humanidad

La humanidad, es un sujeto parcial del d.i. En la ONU la idea de la humanidad como sujeto de d.i. logró imponerse en la Comisión del espacio ultraterrestre, y fue tomada por la Comisión de fondos marinos, en la Tercera Conferencia del Mar, proyectándose después al derecho ambiental internacional, al derecho internacional de las comunicaciones y al derecho energético internacional.

La aceptación de la expresión "patrimonio común de la humanidad", en d.i. y su incorporación en resoluciones de la AG de la ONU, es una prueba del éxito de esta doctrina. La nueva concepción despertó de inmediato el interés no sólo de diplomáticos y juristas, sino también de expertos en política internacional, como Aldo A. Cocca y Mario Amadeo.

5- Los Movimientos de Liberación Nacional

Los Movimientos de Liberación Nacional. Estos movimientos surgieron a consecuencia del proceso de descolonización iniciado en los años sesenta con la Declaración 1514 (XV). Por la Resolución 2022 (XX) se legitimó la lucha de los pueblos por su liberación colonial y el ejercicio de la autodeterminación. Cinco años después, la Declaración 2625 sobre los principios de d.i. referidos a las relaciones de amistad y cooperación entre Estados, extendió la prohibición del uso de la fuerza contra los pueblos y los Estados sometidos por un vínculo colonial y análogo. A su vez, la Resolución 3070 (XXVIII) alude a la lucha armada como uno de los medios para lograr la autodeterminación.

Esta es la justificación jurídico internacional del surgimiento y reconocimiento de los Movimientos de Liberación Nacional (MLN) a los que se los reconoce como sujetos de d.i. con capacidad limitada. Por ejemplo pueden ser parte en las convenciones humanitarias (Convención del 10-4-1981 sobre la prohibición o limitación de ciertas armas clásicas) que se celebran en el marco de las Convenciones de Ginebra de 1949 ( Protocolo I, art. 96).

Pueden firmar tratados bilaterales con los Estados contra los que luchan para poner fin a la guerra de liberación y formalizar la independencia, y hasta pueden celebrar tratados con terceros países (OLP con Líbano y Jordania), y participar en tratados multilaterales que así lo permitan, como ocurre con la Convención del Mar, aunque sea como observadores. Por otra parte pueden celebrar acuerdos de sede para el establecimiento de oficinas de representación, y algunos lograron participar en organismos internacionales tales como la ONU. La AG otorgó en algunos casos el carácter de observador en los trabajos de sus comisiones principales, así como en conferencias y otros eventos auspiciados por la ONU (Res. 3280 XXIX). El único requisito exigido es que el MLN haya sido reconocido por la organización regional respectiva. Sólo algunos han logrado el status de observadores permanentes de la AG. Tal es el caso de la OLP y el de la SWAPO (Organización del Pueblo de África Sudoccidental).

6-Organizaciones internacionales y supranacionales

La personalidad jurídica de las organizaciones internacionales es controvertida por los intemacionalistas de tendencia mas conservadora, pero resulta reconocida por otros, como por ejemplo Kelsen, Lauterpacht, Schwarzenberger, Jessup, Jenks, Bishop, Dahn, Friedmann.

La subjetividad jurídica de la ONU no está claramente estipulada en la Carta pero no da lugar a dudas, considerando que esta organización es sujeto de una serie de derechos y obligaciones respecto a los Estados miembros,53 los organismos especializados y los regionales. La subjetividad internacional de los organismos especializados está, por lo general, establecida en sus respectivas cartas, o sea les ha sido concedida por sus miembros por la vía convencional. Sus alcances precisos varían, según las tareas específicas de tal o cual organismo: cada uno tiene facultades necesarias para realizar, con los Estados o los individuos, las operaciones jurídicas necesarias para su funcionamiento normal.

Por otra parte el orden jurídico vigente en la Unión Europea se denomina derecho comunitario o derecho supra nacional. Es producto de una integración económica muy adelantada. Tan avanzada que según una opinión sobrepasa el marco del d.i. en sentido propio y constituye un orden jurídico particular. O sea que:

1-El derecho comunitario supera la mediatización del individuo por el Estado de modo que sus normas se dirigen directamente a los individuos, sin ser transformadas en normas internas. El individuo también puede recurrir directamente ante la corte de las comunidades.

2- La Corte tiene una jurisdicción obligatoria que no necesita el consenso

previo de las partes.

3- El derecho comunitario implanta una administración directa muy amplia y

adelantada.

4 Las fuentes del derecho comunitario son distintas de las de d.i Se dividen

en dos clases: a) fuentes primarias, vale decir los tratados constitutivos, que son tratados leyes; b) fuentes secundarias que emanan de los órganos propios de las comunidades.


Fuente: Halajczuk- Moya Dominguez Derecho internacional público tercera edición actualizada